En los próximos meses los términos educación y formación estarán de moda entre los usuarios de la banca, porque comenzará a reglamentarse el grueso de la Ley 1328 o de reforma financiera.
Para ello el Gobierno ya trabaja en la estructuración de un decreto sobre educación financiera para afiliados al esquema de multifondos, que entró en vigencia el primero de enero para el manejo de las cesantías, dejando en libertad a cada persona para decidir si invierte su ahorro en alternativas de corto o largo plazo, según lo que planee hacer con su dinero.
La directora de Regulación Financiera del Ministerio de Hacienda, Pilar Cabrera, dijo que se busca garantizar la claridad absoluta en el momento de la asesoría, para que el afiliado entienda al detalle en qué es lo que se está metiendo, cuál será el impacto de la decisión de inversión que tomará y los efectos que ésta genera en la rentabilidad de sus recursos.
"Aunque es un tema relacionado con pensiones y cesantías, también tiene que ver con la protección al consumidor", dijo la funcionaria.
De esta manera, cada una de las seis sociedades administradoras privadas que hay en el mercado (Porvenir, Protección, Horizonte, ING, Skandia y Citi Colfondos), tendrá que implementar esquemas de capacitación que aseguren que cada afiliado es consciente de sus decisiones de inversión. En todo caso, la ley garantiza un nivel mínimo de rentabilidad para los recursos.
Las nuevas alternativas para la inversión de las cesantías tienen un esquema similar al que las administradoras manejan con los fondos de pensiones voluntarias (para personas de ingresos altos), donde un asesor tiene un portafolio de clientes al que periódicamente contacta para informarle sobre el comportamiento de los portafolios en los que tiene invertido su dinero y las tendencias del mercado.
Atención y defensoría
El Gobierno también prepara dos decretos adicionales: uno relacionado con el defensor del consumidor y el otro con los conflictos que se presentan entre las partes.
Si bien actualmente existe un procedimiento definido para ir a la Superintendencia Financiera o al defensor del consumidor a presentar quejas, el Ejecutivo adelanta una revisión al esquema que, eventualmente, tendría algunas modificaciones. Para el Superfinanciero, Roberto Borrás, el 2010 es sin duda el año de avances sustanciales en materia de protección al cliente.
ÓMAR AHUMADA ROJAS / Redacción Economía y Negocios
Tomado de Portafolio.com
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